Rivista aperiodica teorica del Socialismo
Organo politico di Convergenza Socialista

S.O.S Colombia. El eco del caso Paciolla

por  Martha Alvarez

El eco del caso Paciolla revela la condición real de los derechos humanos y la doctrina del uso de la fuerza

La pancarta pregunta: ¿Quién dio la orden de masacrar a los jóvenes en Bogotá? La pancarta dice: "Más de 10 muertos" y "más de 180 heridos". Sin embargo, esta del 21 de septiembre, no es la única pancarta levantada por un grupo de protesta en las últimas semanas. Algo parecido a una Primavera Latinoamericana se viene produciendo desde el último trimestre de 2019, donde ciudadanos colombianos han salido a protestar por la falta de reformas en los sistemas de salud, educación y seguridad social; pidiendo oportunidades para el desarrollo personal y el cumplimiento de las promesas electorales, que el gobierno se active poniendo en acto el Acuerdo de Paz y las reformas contra la Corrupción prometidas. Desde hace décadas la población y en particular los estudiantes y trabajadores se preguntan: "¿Quién nos cuida de quién debe cuidarnos?

Las fuerzas policiales y militares generalmente tienen funciones específicas para asegurar la convivencia pacífica entre poblaciones. Es un trabajo estratégico y se les paga adecuadamente. Las fuerzas colombianas deben proteger a la nación, mantener y garantizar las condiciones necesarias para la libertad y los derechos públicos, además de respetar la ley por mandato constitucional. Es decir, las fuerzas deben ser amigas de la población. Pero durante mucho tiempo, en algunos casos llamativos, han sido instrumentos de la "guerra interna", para golpear a la población, generar caos y presentarse como salvadores.

Gracias a la ventana de la "Paz de Santos" y a la voz de las "benditas redes sociales" se está construyendo un nuevo liderazgo popular que reclama derechos y paz, quiere frenar el modelo neoliberal de gobierno que ayuda al sistema bancario y financiero y a algunas empresas privadas mal gestionadas, al borde de la quiebra durante mucho tiempo, quizás residiendo en el extranjero, y a la sombra del nepotismo. El pueblo soberano protesta contra el sistema narcocapitalista y extractivista que también contamina los procesos biológicos.  En estas manifestaciones también se quiere denunciar los crímenes de Estado.

El último caso denunciado es la muerte de Juliana Giraldo, el 24 de septiembre de 2020, debido a las descargas de rifles de los soldados. Si bien el presidente Iván Duque, ha condenado los hechos, la actuación de militares y policías de disparo fácil, por los distintos hechos, muchos actos aparecen como un esquema único que es necesario condenar. Es por eso que la sociedad protesta. La Policía Nacional de Colombia, de acuerdo con las directrices elaboradas por el grupo de investigación periodística, denunciadas por muchos portales y periódicos nacionales e internacionales, mató a unas 650 personas en los últimos tres años. Muchos más resultan heridos por el uso indiscriminado de armas de fuego, porras, golpizas y castigos corporales. Por no hablar de las amenazas, represalias, extorsiones y delitos menores contra la propiedad. También sobre las fuerzas existe la sombra de desapariciones forzadas, falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales. Estos hechos y sospechas deben alertar a la comunidad internacional, sobre todo porque, por ejemplo, el caso del italiano Mario Paciolla sigue abierto, como otros casos de crímenes de los uniformados contra ciudadanos europeos.

El creciente compromiso de los estados en la promoción y protección de los derechos humanos y el triunfo del estado de derecho son las victorias más notables de los trabajadores en la sociedad de naciones. Los operadores del mundo académico, la opinión, la administración pública y las personas comunes son quienes determinan la dirección de la comunidad, ya sea en la aldea remota de la Cordillera de los Andes o en el ciberespacio. Todos estamos llamados a participar en la respuesta a numerosas solicitudes de ayuda que está emitiendo el pueblo colombiano. La muerte del funcionario italiano Mario Paciolla y el genocidio de ciudadanos colombianos son un crimen contra la vida, por lo que se exige con vehemencia Verdad y Justicia y que el gobierno del presidente Duque toma medidas para ofrecer plena protección a la vida y respeto de los derechos humanos. 

La protección de la vida de los trabajadores, sea cual sea el nivel de organización social que se encuentren, debe ser una prioridad en la sociedad global. Carmine Mario Paciolla, miembro de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia, encontrado muerto en su casa el 15 de julio, en circunstancias poco claras, alertó a la comunidad de trabajadores italianos. A las pocas semanas, la muerte del abogado y taxista Javier Ordóñez a manos de los policías, desató numerosas movilizaciones de protesta que dejaron más de catorce muertos y heridos por culpa de los uniformados, recordando al mundo los numerosos abusos que manchan el uniforme de la policías y militares.

La actualidad de nuestra realidad, en constante transformación, nos recuerda la fragilidad y cuánto puede hacer la sociedad de las naciones para evitar que se repita la historia de injusticia, violencia y muerte, sin que los autores materiales e intelectuales sean identificados y sancionados. Los hechos colombianos tienen aquí un eco global más incisivo y decisivo, lo que nos obliga a participar en la solicitud de ayuda para proteger la preciosa vida de las personas, detener los delitos contra la salud de las personas y de nuestra ecosfera, y garantizar la paz y la seguridad global. Se llama a toda persona física y jurídica. Especialmente los trabajadores de las instituciones.

Las redes sociales están ayudando a esclarecer, para que donde los hechos se conocen, las estructuras de poder puedan ser llamadas a responder ante la justicia. Antes no eran identificados claramente como culpables de violencia y  la impunidad los ha cobijado como ha sucedido hace varias décadas, especialmente en naciones sudamericanas. Las cosas deben cambiar. La doctrina militar que, con la excusa del "enemigo interno", utilizó el uniforme y las herramientas necesarias para controlar el crimen para atacar a ciudadanos desarmados como poetas, artistas, documentalistas, campesinos y la población originaria; sin olvidar la muerte y amenazas a los trabajadores de organizaciones internacionales activas a favor del respeto y reconocimiento de los derechos humanos. Desde hace décadas, los órganos de seguridad civil y militar reconstruyen escenas de asesinatos graves y las descartan como asesinatos de honor, celos, problemas privados o "suicidios en la horca", como parece haberse tratado inicialmente el caso de Paciolla, el joven italiano. En el caso de Ordóñez y Juliana Giraldo, es el pueblo soberano, que en protestas y a riesgo de su propia vida, están exigiendo justicia, porque no se puede aturdir a un abogado con una pistola taser, llevarlo indefenso a la comisaría y sacarlo cadáver, quizás por un recordatorio del respeto por el distanciamiento social. Por otro lado, una persona no puede morir por una bala militar en el auto. Estos son ejemplos para hacernos reflexionar y pedir que su muerte no quede impune.

Mario Paciolla, de 33 años, fue encontrado muerto, presuntamente en la horca, en su domicilio de San Vicente del Caguàn el pasado 15 de julio. La primera autopsia desarrollada por el gobierno, aparece con líneas de sombra, debido a la aparente falta de profesionalismo en la ciencia y el derecho. La repatriación del cuerpo se llevó a cabo el día 24 en muy malas condiciones. La segunda autopsia se realizó en Italia, donde los médicos encontraron omisiones y declaraciones falsas, como escribe Il Fatto Quotidiano: "la herida encontrada en el cuello de la víctima no sería compatible con el ahorcamiento y no pudo haber resultado en la muerte". De hecho, evocando otros casos que afectan a ciudadanos italianos como el caso Regeni, casi de inmediato, a la vuelta de los meses de julio y agosto, 30 parlamentarios pidieron al ministro de Relaciones Exteriores, Di Maio, que rechace verdades que tienen líneas de sombra. El S.O.S es necesario para hacer que la información sea transparente y permita tener una imagen más clara y actuar en consecuencia. Se debe pedir al gobierno que invierta en la profesionalización de los órganos al servicio de la Paz y la Justicia. La comunidad internacional debe tomar nota.

Varias instituciones internacionales operan en Colombia y debe entenderse que muchas veces, los operativos de violencia desencadenados por uniformados respaldados por individuos vestidos de civil, infiltrados, que ahora gracias a las redes sociales se sabe que están conectados a las fuerzas, o en caso contrario, deben ser identificados y sancionados judicialmente para que los hechos delictivos no parezcan funcionales a la clase feudal que gobierna y para ocultar algunos delitos. El Estado colombiano ha sido repetidamente condenado por tribunales internacionales por violación de derechos, genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, mientras que el presidente Duque se encuentra bajo una nube de sospechas que vinculan la actividad gubernamental, a través de altos funcionarios, con el narcotráfico, la corrupción, robos, mistificaciones, y sobre el gobierno se cierne la sombra de la ilegitimidad. Además, existen numerosos intereses económicos y comerciales, y la tensión social refleja el clima de desaprobación que tiene el gobierno, dado que el padre político del presidente es el protagonista del hecho llamativo y más resonante: por primera vez un expresidente, el señor feudal más destacado, se encuentra preventivamente bajo arresto domiciliario por un negocio vinculado a la corrupción de testigos. Las fuerzas apátridas, hasta el momento, han garantizado la impunidad del destacado personaje que recientemente renunció al cargo que ocupaba como senador. El personaje ha sido acusado e investigado por más de doscientos cincuenta delitos transversales diferentes: corrupción, asesinatos, masacres, lessa humanidad, sin que se haga justicia. Las sombras que esconden los crímenes deben ser anuladas, con la ayuda de la comunidad internacional que responde al SOS, con justicia o polarización a favor del derecho y la verdad.

Álvaro Uribe Vélez se consagró como el principal opositor del Proceso de Paz durante varios años. Uribe se opuso a la negociación, concluida y firmada en 2016, entre el gobierno del Premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos y la guerrilla más longeva de la sociedad global: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En este contexto Mario Paciolla colaboraba ​​en un proyecto de pacificación interna entre el gobierno y las ex guerrillas de las Farc; tendiendo también a la reutilización de áreas controladas por el narcotráfico. Entonces surge una pregunta y es: ¿Será que el gobierno necesita enviar una señal a los organismos internacionales y dividir al país, que con el proceso de Paz se encontró respirando con la esperanza de tener el desarrollo soñado y necesario? Sin embargo, es  por eso hay que notar que el oficialismo politico al poder, el presidente y el ministro de Defensa han estigmatizado las protestas y ha vuelto el ejercicio sistemático del uso de la intimidación y represión, utilizando fuerzas policiales armadas letalmente. El asesinato de Dilan Cruz en noviembre de 2019 es otro ejemplo de cómo el gobierno está gestionando el derecho a la protesta y el proceso de paz.

El Proceso de Paz entre el gobierno y las Farc parecía aguardar las esperanzas de mejorar la calidad de vida de los millones de pobres que sufren la falta de oportunidades negadas durante mucho tiempo con la excusa de la guerra interna. La paz dio a conocer semanas diferentes, tranquilas, donde no hubo combates  ni heridos. Durante este período, los colombianos han podido aspirar a mejorar las condiciones de vida, lo que hasta ahora es una esperanza. De hecho, el sistema feudal aún vigente, la falta de profesionalización y respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares, hace que la máxima transparencia que debe acompañar a hechos tristes como los casos Paciolla, Ordóñez, Cruz y Giraldo aparezcan como ventanas embarradas, cuando no totalmente ensangrentadas. Además, la aparente impunidad de los señores de la guerra y los narcotraficantes, que durante mucho tiempo, han desestabilizado la dirección político-económica de la nación, y también son factores que hacen necesaria un S.O.S fuerte, por parte de los ciudadanos globales amantes de la paz.

Los escollos que hacen tropezar los Acuerdos alcanzados entre el gobierno de Santos y las Farc en las negociaciones celebradas principalmente en Cuba, que se referían al trabajo de Paciolla, son un ejemplo de cómo un sector de la opinión política utiliza la mentira, vislumbrando futuras catástrofes en la vida socioeconómica. Esas junto con las herramientas de la mistificación religiosa, convencieron a la población a votar No a los Acuerdos de Paz. En el Plebiscito del 2 de octubre de 2016, solo el 37,43% del total de titulares participaron en el deber cívico, acudiendo a las urnas. Sorprendentemente, la gente rechazó las negociaciones y el Acuerdo con el 50,21% de los votos del 'No', contradiciendo las predicciones, el optimismo del gobierno nacional y de la comunidad internacional que había apoyado las negociaciones y todo el proceso electoral. El frente del 'No', con 6.431.372 personas,  se impuso inesperadamente con solo un 0,43%. Este parecía sospechoso, pero no tuvo una investigación con un resultado llamativo, es decir, una investigación judicial no modificó el resultado. Los Acuerdos, entonces, deben renegociarse. El frente del 'No' que encabeza el expresidente Uribe y el partido aún en el gobierno no ha dado respuestas, ni ha hecho propuestas coherentes. Las consecuencias son cada día más evidentes y se debe poner fin a la impunidad de los caudillos y las fuerzas apátridas que se benefician del sufrimiento de los demás.

La comunidad internacional debe responder con firmeza al SOS que ya se ha lanzado por la Paz de Colombia. Los acontecimientos que durante décadas han afectado a la república norteña en el continente sudamericano, todavía, parecen desconocer las esperanzas de paz y seguridad globales. Luego de cuatro años de los Acuerdos de Paz y dos de pleno gobierno del partido opuesto a la Paz, demuestra sus efectos en la comunidad internacional, que guste o no, se involucra en la solicitud de esclarecimiento sobre la muerte de Mario Pacciolla, y debe pedir al gobierno de Duque la protección de los observadores que cooperan con organizaciones internacionales activas en el territorio para el respeto de los Derechos Humanos amenazados. La sociedad global debe gritar respeto a la vida, es decir, detener la ola de líderes sociales asesinados con impunidad, los asesinatos en oscuras circunstancias de miembros de partidos contrarios. Además, la comunidad internacional de trabajadores debe exigir justicia para los niños masacrados mientras duermen por las fuerzas armadas y el respeto a la integridad física de las adolescentes, especialmente de las comunidades de los pueblos originarios, muchas veces víctimas de abusos sexuales, forzados por militares y policías. Eso niños son   principalmente también víctimas de la migración forzada debido al conflicto interno. Por eso dese aquí se expide un S.O.S por la Vida de los residentes colombianos que no debe ser ignorado.

Las solicitudes de estos SOS, se basan en hechos verídicos: en numerosos videos, grabaciones, testimonios y demás pruebas documental de ciudadanos, los ruegos de las víctimas pidiendo justicia y reparación, la voz de activistas y defensores de derechos humanos, de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, del partido de centro Alianza Verde, quien manifestó que la policía desobedeció sus órdenes al disparar contra los manifestantes; así como las duras críticas y denuncias al líder de la coalición de izquierda, la Colombia Humana de Gustavo Petro y el llamamiento de otras fuerzas políticas. Finalmente, los actos de los Tribunales de Justicia, en particular de la Corte Suprema, que solicitan al gobierno de Duque una reforma de las fuerzas policiales y de la doctrina militar, dado que los uniformes aparecen reiteradamente como entrenados en violaciones de derechos humanos, mediante el uso indiscriminado de la fuerza, y escondiéndose dentro de un uniforme, sin identificación.

El senador opositor Iván Cepeda, en twitter, dio a conocer sobre una posible denuncia ante la Corte Penal Internacional sobre la responsabilidad por delitos de atentado contra la humanidad, en cabeza del presidente Iván Duque y del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo por las masacres y violaciones de derechos cometidas por la policía. Hasta el momento el Ministro de Defensa parece incapaz de obedecer las disposiciones de los órganos judiciales, mientras que aparecen documentos que muestran vínculos políticos familiares con el narcotraficante Pablo Escobar. Además, los jefes de las fuerzas gubernamentales comparecen ante el organismo de la ONU, como instrumentos de paz y protección de los derechos humanos, preocupados por la situación venezolana; sin embargo, dentro de sus propias fronteras parecen indiferentes en aplicar el Derecho Internacional Humanitario, enseñarlo en las escuelas militares y policiales y abogar por que todo uniformado lo respete y la justicia civil y militar castigue adecuadamente a los culpables.

De acuerdo con el Derecho internacional, en situaciones de protesta, tensión y malestar interno, tanto en actos aislados como esporádicos, los militares deben actuar de acuerdo con una doctrina de países civilizados que prohíbe, entre otras cosas, bombardear intencionalmente a civiles. Además, las fuerzas apátridas han iniciado un proceso de exterminio de campesinos inocentes, líderes civiles de barrios periféricos, políticos locales, así como exguerrilleros que han tratado de volver a la vida normal. Los muertos son miles. Y para tener clara la idea, el ejército colombiano había bombardeado una aldea donde dormían adolescentes indefensos, niños de entre 12 y 17 años, el 29 de agosto de 2019. Este hecho fue objeto de verificación por parte de la Misión de la ONU y era parte del trabajo de Paciolla. Sobre esto tenía o estaba preparando un expediente.

El trabajo de Paciolla fue muy delicado, dado que se encontraba en San Vicente del Caguán, donde se llevaron a cabo varias negociaciones de paz entre el gobierno y las Farc en varias ocasiones y durante décadas. El funcionario de la ONU participaba en el monitoreo del cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 2016.

Pero el proceso de paz no solo se ve obstaculizado por fuerzas apátridas: el sistema de corrupción también impregna la sociedad, también lo afecta. Basta pensar que en 2018 hubo una Consulta Anticorrupción y nuevamente, por las mismas razones que el plebiscito por la Paz, sorprendentemente, no se alcanzó el quórum. Si bien el gobierno hizo promesas, esas aún no han sido vinculadas a la legislación, porque el actual gobierno, con la objeción del presidente, el líder del Frente No del oficialismo, Uribe Vélez, y numerosos congresistas tras ganar las votaciones, tomaron partido de la indiferencia. Y la oposición es silenciada, cuando no es  anulada e incluso ridiculizada por los medios de comunicación y numerosos actos.

La corrupción, el tráfico de sustancias ilícitas y armamento, han vendido el Proceso de Paz y la Consulta Anticorrupción y ahora el gobierno se encuentra en una situación poco clara con respecto a la muerte del Cooperante, miembro de la Misión de la ONU en Colombia. Paciolla, había participado en la recolección de material sobre el caso del atentado, que dio lugar a la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y a sospechar represalias por parte de las fuerzas armadas. Debido al hecho, el senador opositor Roy Barreras había denunciado y forzado la renuncia del ministro, declarando que el expediente de la Misión de la ONU y de Paciolla no era su fuente,  sino numerosos uniformados honestos, atentos al orden, la justicia y el derecho.

Los uniformados colombianos tienen una tradición en la lucha de guerrillas y el narcotráfico y en constante colaboración para una mejor calidad de vida, cuidando los aspectos de salud de la educación de la población y el desarrollo de algunas zonas periféricas. La apariencia indica que el ejecutivo, el ejército y la policía están capacitados con recursos humanos ricos en dignidad y conocimiento de la ley. Muchos jóvenes, ante la precariedad económica, ven las fuerzas como una posibilidad de seguridad laboral y redención social, pero dentro de las instituciones la pobreza es un obstáculo para hacer carrera. Otros, las manzanas podridas, ven en la vida militar y policial una posibilidad para ocultar su propia codicia y alma violenta. También puede suceder que algunos individuos se aprovechan de la autoridad del uniforme para convertirse en delincuentes.

Esas personas, las pocas personas indignas, después del proceso de paz y gracias a las benditas redes sociales, son una mancha indeleble. Las instituciones encargadas del uso de la fuerza, transversalmente, aparecen incapaces de contener las manzanas podridas, los uniformados acostumbrados a cometer pequeños-grandes delitos contra la comunidad y poco dispuestos a respetar la dignidad de vida de los ciudadanos indefensos. Además, las personas al frente de las instituciones, desde el presidente Duque hasta el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, están demostrando que no pueden tener una adecuada reacción política, que motiva a las fuerzas al autocontrol; que dentro de la institución se identifica y sancione adecuadamente la violencia, el abuso y corrupción. Es por eso que hechos aislados, de pocos uniformados, parecen conformar un sistema criminal. Pero no solo el ejército es culpable de no respetar la vida, las reglas y el principio de precaución: incluso la policía, bajo el gobierno de Duque, es considerada una institución contraria a las normas civiles.

La policía y su escuadra móvil antidisturbios (ESMAD) contribuyeron a que el gobierno de Duque fuera bautizado como  el "gobierno de las masacres", pero el presidente prefiere llamar a las masacres asesinatos colectivos. El Esmad asesinó a manifestantes, indígenas, campesinos, estudiantes que ejercían su legítimo derecho a la protesta social. De hecho, solo en 2020, antes del 8 de septiembre, diez personas fueron asesinadas por miembros de la policía. Sin embargo, sólo en Bogotá murieron trece ciudadanos más los días 9 y 10 de septiembre, y cerca de doscientos resultaron heridos por policías en las primeras horas de protestas.

 La indignación de la gente se inició luego de la difusión de un video que atestigua cómo los policías en la calle y con numerosas descargas eléctricas de las pistolas taser suministradas, sometieron al abogado Ordóñez que, traído aún con vida, salió muerto de la estación de policía. El hecho del abogado fue denunciado por la ciudadanía a través de redes de comunicación alternativas y durante la protesta muchos policías dispararon contra la multitud indefensa, para nada conscientes del respeto a la vida, la salud y la dignidad humana.

La protesta es un componente vital de la democracia. Pero Duque no simpatiza con las víctimas, ni observa neutralidad, no dialoga con las comunidades y ha preferido aparecer con el uniforme de policía. Por eso, desde el pasado mes de noviembre, con motivo de las represiones contra la huelga estudiantil y sindical, indignados con el asesinato de Dilan Cruz, por una herida provocada por el Esmad, los tribunales han sido cuestionados sobre la actuación del gobierno.

Dado que la policía no protege las manifestaciones y parece ser una institución organizada para atacar a los manifestantes, restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos, la Corte Suprema de Justicia emitió el 22 de septiembre, un dispositivo ordenando que la brutalidad policial debe ser limitada. La corte prohíbe el uso de ciertas herramientas y armas que aún se utilizan, en particular los rifles de calibre 12 utilizados por el Esmad; invita a las personas a trabajar en las mesas de consulta ciudadana para emitir regulaciones y protocolos  adecuados para la detención de personas durante las protestas y que se ajusten a los estándares internacionales.

Además, la Sala del Tribunal Civil de Casación ordena a los miembros del gobierno que observen la neutralidad, especialmente cuando la protesta desafía las decisiones políticas y gubernamentales. La Corte en el dispositivo STC7641-2020, que respondió a la Acción por la Protección del Derecho de 49 personas, escribió: “Una nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo-enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz, sino como la expresión política que procura abrir espacio para el diálogo, el consenso y la reconstrucción no violenta del Estado Constitucional de Derecho”. La Tutela enfatiza el derecho a la protesta pacífica, e impuso "la obligación de proteger la libertad de expresión, crítica y opinión, siempre que no se intente hacer propaganda de guerra y vandalismo". La Corte también indicó que el Ministro debe disculparse. Se espera que se detenga la impunidad de los uniformados y que sus acciones estén sujetas a las reglas de transparencia de la administración pública.

La comunidad ha pedido en repetidas ocasiones una reforma en las normas que rigen las formas, los métodos y la idoneidad utilizados para reclutar y  formar a policías y soldados. A menudo se ven pancartas preguntando sobre su entrenamiento y entrenamiento a la  reacción, especialmente durante protestas y manifestaciones, y sobre el uso funcional de las armas. Las fuerzas no pueden seguir con esa sensación de superioridad y del agresor intocable, visto que les ha comparado con el violento que golpea al débil y se queja porque escuchó el golpe.

La solicitud de transparencia en la investigación del caso Mario Paciolla se adelanta desde varios frentes, porque al final, en Colombia, su caso podría ser el de decenas de miles personas. Además, los casos Cruz, Ordóñez y Juliana Giraldo son un testimonio más. Solo gracias a la posibilidad de que los ciudadanos puedan documentar las violaciones a la ley que manchan uniformes y conciencias, se deja entrever una luz. Pero la comunidad internacional debe actuar. No en vano, y aquí queremos enfatizar que son muchos los asesinatos de líderes sociales, exguerrilleros y campesinos por parte de policías, militares y paramilitares que la justicia civil o militar no ha verificado y sancionado adecuadamente.

Son numerosos los periodistas, líderes de la oposición al partido gobernante y funcionarios nacionales e internacionales que se ocupan de los derechos humanos y que, para generar transparencia y frenar el trabajo de los agentes estatales o del paraestatal narcoparamilitar, se encuentran obstaculizados en su labor y amenazados en su propia vida. Los policías y militares no solo son acusados ​​de no vigilar y proteger el bien más preciado y la salud de los habitantes del territorio de Colombia, también son sospechosos de elaborar perfiles, desarrollar acoso, seguimientos y escuchas telefónicas ilegales a ciudadanos y funcionarios extranjeros. Por último, el gobierno ha implementado políticas tendientes a rociar con glifosato y otras sustancias ilícitas, que podrían incidir en productos de exportación. Todo esto son ejemplos del contexto de irrespeto al derecho a la salud por parte del Estado, muestran cómo el proceso de Paz se está dando en medio de muchas dificultades, y que cualquiera podría perder la vida.

En este contexto, se estimula a los trabajadores de los sectores estratégicos a participar de los hechos del país sudamericano, fortaleciendo las herramientas útiles para la observación de la empresa que gobierna Colombia, para que pueda cambiar la política interna, revisar la doctrina militar, respetar los derechos humanos y proporcionar a la comunidad internacional productos saludables, libres de sustancias prohibidas, en particular prohibiendo permanentemente el uso del glifosato. La comunidad internacional ya cuenta con herramientas sobre las que apalancar, además de las declaraciones oficiales y periodísticas: el sistema de protección de los derechos humanos tanto a nivel global, regional como dentro de la nación sudamericana. La ONU, que cumple 75 años, es hasta ahora un baluarte de la ley y los derechos humanos y podría hacer mucho gracias a su propia investigación que está desarrollando sobre el caso Paciolla, además de la investigación de la justicia local e italiana.

Colombia ha incorporado el marco de los instrumentos jurídicos internacionales actualmente vigentes, que se extiende al tratamiento del derecho humanitario, el derecho penal internacional y el comercio internacional. La Unión Europea apoyó los Acuerdos de Paz del 2016 y entregó millones de euros de los contribuyentes para su implementación. Europa e Italia en particular son consumidores de muchos productos y en territorio colombiano residen muchos ciudadanos, por lo que esta historia es importante.

La comunidad internacional ha ofrecido personal y recursos para hacer posible la firma del Acuerdo de Paz. Debe evitar que la profecía del expresidente de Uruguay Pepe Mujica, quien fue de los primeros en hablar de un "proceso de paz fallido", llegue a una verificación positiva. La comunidad colombiana, religiosa como es, debe recordar lo que es verdadero, correcto o justo para proteger el bien más preciado y cuestionar tanto al gobierno como a los funcionarios civiles y militares, investigándolos, llevándolos a juicio y sancionándolos. En su defecto la comunidad internacional debe responder. De hecho, para que la administración pública sea transparente y funcione sin problemas, desde hace más de tres mil años en la ley de Moisés está escrito: "No pervertirás la ley, no usarás la parcialidad y no aceptarás regalos, porque el regalo ciega los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos, desde la antigüedad".

Sin embargo, lamentablemente esta comunidad, la religiosa, que debe ser la parte ética y moral, aguja del equilibrio del sistema de poderes, aparece comprometida con la mistificación, injusticia, codicia y corrupción de algunos pastores y líderes religiosos. Se espera que esa comunidad escuche la trompeta de nuestro SOS y se convierta. Se espera que policías y soldados puedan escuchar las palabras del Evangelio y actuar como los soldados romanos cuando le preguntaron a Juan el Bautista: "¿Qué debemos hacer?" Él respondió: "No maltrates ni extorsiones a nadie, contentate con tu salario". Las personas adecuadas, buenas y justas, amantes de la vida, la paz y el derecho siguen siendo la mayoría y deben poder detener a los malhechores.

El 21 de octubre habrá una manifestación popular. El gobierno ha señalado reiteradamente a los jóvenes colombianos, a los sindicatos y movimientos de protesta como adoctrinados por el comunismo inexistente, cuando en realidad piden oportunidades y derechos, se oponen a la devastación social y ambiental, tratando de construir alternativas; sin embargo, el gobierno quiere convertirlos en enemigos de la democracia, para seguir con la excusa del enemigo interno. Durante muchas décadas, la inteligencia de los ciudadanos ha sido insultada. Se pregunta cómo actuará el sistema de gobierno tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia y después de que la comunidad global  responda al S.O.S de las personas, para construir espacios de solidaridad internacional.

En memoria de Mario Paciolla, de los líderes sociales asesinados, de los pueblos indígenas, de los afrocolombianos y campesinos masacrados, de los Cruz, Ordóñez y Giraldo, y de los jóvenes desaparecidos tras ser detenidos por las fuerzas. En solidaridad con las muy jóvenes indígenas que han sido violadas, los campesinos expropiados de sus tierras, los jóvenes heridos y torturados, los militantes y exguerrilleros que han elegido el camino de la paz. Esto es un aliento para todos los policías y soldados que hacen un trabajo con honestidad y dignidad, y para los jueces que aún arriesgan su vida por desarrollar una sentencia justa. Es la voz solidaria del pueblo colombiano honesto, trabajador y bondadoso. Y nosotros respondemos al eco del SOS.

 

FUENTES

Imagines de:   Iván Cepeda Castro: @IvanCepedaCast; Corte Suprema de Justicia: @CorteSupremaJ; fanpage.it; Colombiainforma.info.

Twitter, Facebook, Wikipedia, Sacra Biblia Deuteronomio 16:19; Luca 3:14

Il Fatto Quotidiano. Mario Paciolla, le incognite sulla sua morte in Colombia: il contractor, il biglietto aereo e le ferite sui polsi. https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/07/mario-paciolla-le-incognite-sulla-sua-morte-in-colombia-il-contractor-il-biglietto-aereo-e-le-ferite-sui-polsi/5923532/. Ultima consultación 25 settembre 2020.

Alessandra Fabbretti. Colombia, Mario Paciolla è morto in un Paese senza pace. https://www.dire.it/21-07-2020/487162-colombia-mario-paciolla-e-morto-in-un-paese-senza-pace/. Ultima consultación 25 settembre 2020..

Il Fatto Quotidiano. Mario Paciolla, in Italia la salma collaboratore Onu morto in Colombia. La madre: “Distrutti”. https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/07/25/mario-paciolla-in-italia-la-salma-collaboratore-onu-morto-in-colombia-la-madre-siamo-distrutti/5880015/. Ultima consultación 25 settembre 2020.

BBC News Mondo. Juliana Giraldo: la muerte de una mujer por un disparo de un soldado que sacude a Colombia. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54288266. Ultima consultación 25 settembre 2020.

  1. Anuncian demanda contra Iván Duque y Carlos Holmes por crímenes de lesa humanidad. https://www.contagioradio.com/anuncian-demanda-a-ivan-duque-y-carlos-holmes-por-crimenes-de-lesa-humanidad/. Ultima consultación 25 settembre 2020.

Editora Cauca. [En Imágenes] La lucha continúa: movilización nacional del 21S. http://www.colombiainforma.info/en-imagenes-la-lucha-continua-movilizacion-nacional-del-21s/. Ultima consultación 25 settembre 2020.

 

Ultima modifica ilDomenica, 27 Settembre 2020 14:19
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